Ley Antifraude 2025: qué es, excepciones y ventajas

La Ley Antifraude lleva años en vigor, aunque ha ido implementando sus diferentes medidas de manera progresiva. 

En 2025, es actualidad por la implementación de una de sus últimas medidas. 

O lo que es lo mismo, la obligatoriedad de uso por parte de empresas y autónomos de un programa de facturación que cumpla con los requisitos del software certificado con declaración responsable, prohibiendo los de doble uso. 

Y es que las fechas se han ampliado, tras la publicación del Real Decreto 254/2025 de 1 de abril. 

¿Sabías que esta medida va tomando forma poco a poco? 

Los primeros que nos hemos tenido que adaptar somos nosotros, como fabricantes de software. Por eso, TeamSystem Facturas Billin se encuentra ya adaptado a los nuevos requisitos como software certificado. 

Ahora, es tu turno, empresa o autónomo, de ir cambiando tu software de facturación a uno desarrollado conforme a la normativa y con declaración responsable para evitar infracciones y sanciones en 2026.

Como sabemos que puedes estar haciéndote muchas preguntas sobre este nuevo requerimiento, hemos preparado esta guía completa sobre la Ley Antifraude para explicarte en detalle:

• ¿Qué es?
• ¿Cuáles son sus medidas más destacadas?
• ¿Cuáles son las fechas importantes que debes recordar?
• ¿Cómo tiene que ser el software certificado?

 

¿Qué es la Ley Antifraude?

El 11 de julio de 2021 entró en vigor la conocida popularmente como la Ley Antifraude, es decir, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo.

Esta ley es de obligado cumplimiento para todos aquellos que desarrollen actividades económicas, es decir, autónomos, freelancers, pymes y empresas.

La Ley Antifraude tiene como objetivo reforzar la lucha contra el fraude fiscal, a través de nuevas medidas y modificaciones de normas tributarias existentes, como la Ley General Tributaria.

De este modo, entre las medidas más relevantes que ya entraron en vigor y se encuentran operativas son:

• El límite de los pagos en efectivo es de 1.000€. 
• La obligación de informar sobre las criptomonedas.
• La modificación del umbral de la lista de morosos.
• Valor de referencia de los inmuebles.

Sin embargo, algunas de sus medidas más específicas han requerido un desarrollo reglamentario posterior, como la relacionada con el software desarrollado conforme a la normativa y con declaración responsable. 

A pesar de que la prohibición de utilizar un software de doble uso entró en vigor en octubre de 2021, la fecha límite para adaptarse a las distintas obligaciones se ha ampliado, con la publicación del RD 254/2025.

Ahora la fecha límite tiene lugar en diferentes momentos en 2025 y 2026.

Y es que, uno de los aspectos más importantes de esta Ley Antifraude es el control sobre los sistemas de facturación y los programas y aplicaciones utilizados, ya que su principal objetivo es evitar prácticas ilegales como la doble contabilidad o el uso de software manipulable.

Esto significa que si tu programa, sistema o aplicación de facturación o gestión de facturas no garantiza la trazabilidad de todas tus facturas, la Agencia Tributaria te puede sancionar como usuario de dicho sistema o programa fraudulento con importes de hasta 50.000€. 

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Entrada en vigor Ley Antifraude

La Ley Antifraude se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de julio de 2021. Su entrada en vigor tuvo lugar el 11 de julio de 2021. 

A partir de ese momento, la entrada en vigor de las diferentes medidas se ha ido haciendo de manera escalonada.

Este es el calendario que debes conocer:

Medida de la Ley Antifraude	Entrada en vigor
Limitación de los pagos en efectivo a 1.000€	11 de octubre de 2021
Lista de morosos	11 de julio de 2021
Nueva valoración de inmuebles	Enero de 2022
Declaración de criptomonedas	25 de abril de 2023
Prohibición software de doble uso	11 de octubre de 2021
Obligación de usar sistemas de facturación conformes	29 de julio de 2025: Fabricantes y desarrolladores de software. 1 de enero de 2026: Empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades. 1 de julio de 2026 Autónomos, pymes, etc.

 

Reglamento Ley Antifraude

Cuando se hace referencia al Reglamento de la Ley Antifraude, se tiene que tener en cuenta:

• El Real Decreto 1007/2023, norma fundamental.
• El Real Decreto 254/2025, norma modificadora. 

El RD 1007/2023:

• • Conocido como el Reglamento Verifactu, desarrolla la obligación establecida en la Ley Antifraude de utilizar sistemas de facturación desarrollados conforme a la normativa y con declaración responsable.
  • Objetivo principal: garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos para combatir el fraude fiscal y erradicar el uso de software de doble uso.

Estos son los requisitos esenciales de los sistemas de facturación:

• Inalterabilidad de Registros: prohibición absoluta de borrar o alterar facturas. Cualquier corrección debe hacerse mediante un registro adicional.
• Trazabilidad: uso de una huella (hash) encadenada y firma electrónica en cada registro para asegurar que todas las operaciones son consecutivas y verificables.
• Accesibilidad y formato: obligación de generar registros en un formato estandarizado (XML) para facilitar su volcado y consulta por la Administración.
• Transparencia al cliente: inclusión de un código QR en las facturas para que el receptor pueda verificar su autenticidad.

El RD 254/2025:

• Esta norma modifica el RD 1007/2023.
• Función principal: amplía los plazos de entrada en vigor y adaptación de los sistemas de facturación al Reglamento Verifactu, concediendo más tiempo a las empresas y autónomos para adecuar sus programas a los nuevos requisitos técnicos y de comunicación con la AEAT.

Estas son las nuevas fechas de límite de aplicación:

¿Quién?	¿Cuándo?
Empresas contribuyentes del Impuesto de Sociedades	El 1 de enero de 2026
Resto de obligados tributarios (Autónomos, IRPF)	El 1 de julio de 2026

 

¿Cuáles son las últimas novedades de la Ley Antifraude?

Hacienda es consciente de que existen sistemas y programas informáticos que permiten la manipulación de la contabilidad por parte de los usuarios (esto incluye Excel y Word, por ejemplo), pudiendo incluso facilitarles el llevar una doble contabilidad y la evasión en el pago de impuestos.

La Ley Antifraude tipifica como infracción tributaria la fabricación, producción y comercialización de sistemas y programas, aunque no hagan uso de esta funcionalidad delictiva.  

Esta infracción se recoge en el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria (LGT), incorporado por la Ley 11/2021, y contempla sanciones de hasta 150.000€ por ejercicio y programa.

La Ley Antifraude prohíbe de manera expresa los sistemas y programas informáticos susceptibles de manipulación fraudulenta. 

El desarrollo reglamentario de esta obligación se recoge en el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, conocido como Reglamento Verifactu.

Además, indica que solo se deben utilizar aquellos programas que sean capaces de:

• Garantizar, generar y almacenar de forma segura los registros de facturación.
• No permitir la manipulación interna o externa de los registros una vez generados.
• Realizar una numeración automatizada y correlativa de los documentos generados de forma inalterable.
• Facilitar la conexión, acceso y envío de datos de forma automática e inmediata a gestores y organismos tributarios para los cálculos, tramitación y liquidación de los impuestos.

Respecto al uso de programas de facturación tanto de pago como gratuitos, la Ley Antifraude indica que ambas opciones están permitidas siempre que estén sujetas a la ley y cumplan con todos los requisitos técnicos y legales establecidos.

Por otro lado, la Ley Antifraude no contempla la generación de facturas en formato Excel u otras hojas de cálculo, ya que no cumplen con los requisitos que la ley exige y, entre otras cosas, se pueden manipular con gran facilidad.

Esto es precisamente lo que Hacienda ha pretendido erradicar con esta nueva normativa.

 

¿Cuáles son las características de la Ley Antifraude?

La Ley Antifraude en España, especialmente tras las reformas y actualizaciones para 2025, es una de las normativas clave, tanto para empresas como para autónomos, para:

• Combatir el fraude fiscal.
• Garantizar la transparencia en las transacciones económicas y la gestión contable.

Algunas de las características principales de la Ley Antifraude son las siguientes:

• Reducir la economía sumergida, limitando los pagos en efectivo.
• Controlar el uso de software de facturación para evitar la manipulación de datos, sancionando el doble uso. 
• Los programas usados para expedir facturas deben cumplir el RD 1007/2023 y contar con declaración responsable del fabricante. 
• Obliga a que las operaciones se registren de manera íntegra, inalterable, trazable y legible, facilitando la supervisión por parte de Hacienda, cuando el contribuyente opere en modo Verifactu.

Ley Antifraude: pagos en efectivo para evitar el fraude fiscal

La Ley Antifraude limita los pagos en efectivo a un máximo de 1.000€ cuando al menos una de las partes es empresario o profesional. 

De este modo, se busca evitar la ocultación de ingresos y reducir la economía sumergida, obligando a que las transacciones sean rastreables y transparentes. 

Además, este límite se aplica al total de la operación, por lo que no se permite pagar parcialmente en efectivo más de ese límite, aunque se complemente con otros medios de pago. 

Sin embargo, existen excepciones específicas, como particulares no residentes, cuyo límite es de 10.000€. 

¿Qué pasa si no se cumple con la normativa? Incumplir estos límites conlleva sanciones que pueden alcanzar el 25% del importe abonado en efectivo, con responsabilidad compartida entre pagador y receptor. 

 

Software Ley Antifraude: especificaciones sobre el doble uso

La Ley Antifraude prohíbe los denominados software de doble uso, es decir, programas que permiten manipular o eliminar registros contables para ocultar información fiscal. 

De esta manera, la normativa obliga a las empresas y autónomos a utilizar sistemas desarrollados conforme a la normativa y con declaración responsable que garanticen la integridad, trazabilidad, conservación e inalterabilidad de la información registrada. 

Desde julio de 2025, estos programas ya deben estar adaptados con Verifactu, como TS Facturas Billin. 

Por otro lado, la obligación de empresas y autónomos de adaptarse a estos nuevos sistemas conforme a la normativa y con declaración responsable también está ya en marcha, contando con un plazo específico establecido en diferentes meses de 2026. 

En consecuencia, el incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear multas significativas.

 

¿A quién afecta la Ley Antifraude?

Sin embargo, la implementación tiene lugar en diferentes momentos. Estas son las fechas:

• 1 de enero de 2026, las empresas que tributan por el Impuesto de Sociedades. 
• 1 de julio de 2026, autónomos y pymes. 

Es fundamental que autónomos y pymes comiencen a prepararse desde ahora, evaluando sus herramientas actuales y adoptando soluciones de software de gestión que garanticen el cumplimiento de la Ley Antifraude, como TS Facturas Billin.

Por otro lado, los fabricantes y comercializadores de software de contabilidad también se han visto afectados por la Ley Antifraude, ya que desde julio de 2025 sus soluciones deben estar adaptadas a la normativa y contar con declaración responsable.

Además de adaptar los sistemas de gestión, será imprescindible que las facturas cumplan con ciertos requisitos:

• Deberán ser facturas electrónicas.
• Incorporar un código QR y una huella digital que permita enlazar con la factura anterior.
• Incluir un código específico para su remisión automática a Hacienda.

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Excepciones

La Ley Antifraude presenta algunas excepciones en el cumplimiento de la obligatoriedad de un software que cumpla con los nuevos requisitos legales. 

Así, quedan excluidos:

• Los negocios ubicados en los territorios forales (País Vasco y Navarra), donde existen reglamentos equivalentes, TicketBAI y Batuz, con los mismos fines que Verifactu.
• Aquellos negocios acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII).

Infracciones y sanciones en caso de incumplimiento de la nueva Ley Antifraude

El objetivo principal de la Ley Antifraude es terminar con las prácticas contables fraudulentas que repercuten en la recaudación. 

Con este fin, la Ley Antifraude 11/2021 también contiene las sanciones que se pueden imponer a aquellos que no adapten su facturación y contabilidad a las nuevas medidas de control y prevención del fraude o evasión fiscal de la ley.

Las sanciones pueden ser, dependiendo de la gravedad del incumplimiento:

• Sanciones económicas.
• Sanciones administrativas.
• Sanciones penales.

Sanciones económicas

Las sanciones económicas serán proporcionales a los daños causados o al beneficio obtenido ilegalmente:

• Cuando la empresa que posea programas no conformes o se produzcan alteraciones en programas certificados: multas de 50.000€ por ejercicio, según el artículo 201.bis de la Ley General Tributaria.
• Cuando exista incumplimiento de los requisitos legales relacionados con programas o sistemas informáticos: hasta 150.000€ por ejercicio para fabricantes o comercializadores de software de doble uso o no adaptado.
• En el caso de fabricantes y comercializadores de software, si cometen una infracción, las multas serán de hasta 150.000€ por ejercicio, según la gravedad y el alcance de la infracción.

Además, si deben certificar el software y no lo hacen, podrían imponerse sanciones adicionales por cada programa comercializado sin la debida certificación, conforme determine la normativa reglamentaria.

Otro dato importante a tener en cuenta es que también se podría llegar incluso a la restitución de lo defraudado o embargo de bienes, en caso de delito fiscal o procedimiento penal derivado.

Sanciones administrativas

Además de las multas económicas, la Ley Antifraude contempla otras sanciones de tipo administrativo que pueden afectar directamente a la actividad profesional de los autónomos y empresas.

Cuando se detecta el uso o tenencia de programas informáticos que no cumplen las condiciones de integridad, trazabilidad o conservación de los registros, la Agencia Tributaria puede iniciar procedimientos de inspección o comprobación.

Estos conllevan:

• Regularización de las declaraciones y liquidación de los impuestos no ingresados, con sus correspondientes recargos e intereses.
• Pérdida de beneficios fiscales o deducciones aplicadas indebidamente.
• Exclusión temporal de ayudas o subvenciones públicas, especialmente si el incumplimiento afecta a obligaciones tributarias o de facturación.

Cierre temporal de actividades o retirada de autorizaciones administrativas, en los casos más graves y siempre conforme a la normativa sectorial aplicable.

Sanciones penales

Cuando el fraude fiscal alcanza cierta gravedad, las consecuencias pueden ser mucho más serias. El Código Penal, en su artículo 305, considera delito fiscal toda defraudación a Hacienda que supere los 120.000€ por ejercicio y tributo.

En estos casos, el responsable se enfrenta a:

• Penas de prisión de 1 a 5 años.
• Multas de una a seis veces la cantidad defraudada.
• Pérdida del derecho a subvenciones o beneficios fiscales durante un período de 3 a 6 años.

Si el fraude se realiza mediante medios especialmente sofisticados, como el uso de programas informáticos creados para manipular registros contables o emitir facturas falsas, o si la cuantía defraudada es especialmente elevada, la pena puede aumentar hasta 6 años de prisión.

Ley Antifraude: Verifactu como el nuevo sistema para el registro de facturas

Cuando hablamos de Verifactu, hablamos de dos aspectos fundamentales de la Ley Antifraude:

• El reglamento Verifactu, que establece los requisitos legales que los programas de facturación deben cumplir a partir de julio de 2025. También se le conoce como el reglamento de programas de facturación o reglamento Verifactu.
• El sistema Verifactu, que permite el envío directo de facturas a Hacienda, regulado por el propio reglamento.

Es importante diferenciar ambos conceptos porque, como reglamento, Verifactu es de cumplimiento obligatorio para todos los programas de facturación, así como para autónomos y empresas que deben emitir facturas.

Sin embargo, como sistema, su uso es voluntario, pero muy recomendado, permitiendo a quienes lo adopten enviar sus facturas directamente a la Agencia Tributaria. 

Para quienes no opten por Verifactu, el propio reglamento contempla otras opciones de cumplimiento, pero más complicadas de llevar a cabo.

Por tanto, Verifactu es el sistema promovido por la Agencia Tributaria española que busca mejorar la transparencia y el control en la facturación. 

Estas son algunas de sus características: 

• Su objetivo es reducir el fraude fiscal y digitalizar la gestión contable, permitiendo a las empresas y autónomos enviar automáticamente sus registros de facturación a la AEAT.
• El sistema exige que cada factura generada tenga un registro seguro e inalterable. Además, debe garantizar la autenticidad e integridad de la información, evitando cualquier tipo de manipulación. 
• Otra característica clave es que los registros pueden enviarse a la AEAT de forma automática.
• Verifactu está dirigido a autónomos y empresas que desarrollen una actividad económica y deban tributar por el impuesto de IRPF o sociedades. 
• No afecta a quienes tributan en las Haciendas Forales, dado que cada una cuenta con sistemas propios, y tampoco a los contribuyentes acogidos al SII (Sistema Inmediato de Información).
• Todas las facturas generadas bajo este sistema deben incluir:
  • Un código QR, que permite verificar su autenticidad.
  • La mención «Veri*Factu», indicando que el documento ha sido generado con un software adaptado al sistema.

Entre las múltiples ventajas del sistema Verifactu de emisión de facturas, destacan:

• Mayor transparencia fiscal, reduciendo el fraude.
• Simplificación de procesos administrativos, evitando errores manuales.
• Seguridad y confiabilidad, ya que los registros son inalterables.

Declaración de cumplimiento responsable para cumplir con la Ley Antifraude

Si eres autónomo o gestionas una pyme, es fundamental que el software que utilices para emitir facturas y llevar la contabilidad que cumpla correctamente con la Ley Antifraude. 

Esto garantiza que tus herramientas de gestión cumplen con los requisitos legales y que la información tributaria que generas es trazable, íntegra y segura.

¿Qué significa la declaración responsable de cumplimiento del software?

De acuerdo con la Ley Antifraude, los programas de facturación y contabilidad deben incluir una declaración responsable, un documento oficial que asegura que el software está alineado con las normativas legales vigentes.

Según la Orden Ministerial HAC/1177/2024, la declaración responsable debe:

• Constar por escrito: este documento debe ser claro y detallado, dejando constancia de que el software cumple con todos los requisitos legales.
• Ser visible en el propio sistema: el usuario debe poder acceder fácilmente a esta declaración desde la interfaz del software.
• Garantizar el cumplimiento normativo: específicamente, debe indicar que el software cumple con lo establecido en:
  • El artículo 29.2.j) de la Ley General Tributaria (LGT).
  • El Reglamento del RD 1007/2023.
  • La Orden Ministerial de Hacienda relativa al reglamento Verifactu.

La publicación de esta Orden Ministerial supone el inicio del cómputo del plazo máximo de nueve meses en el que los fabricantes y comercializadores de sistemas de facturación para empresarios y profesionales deberán comercializar productos adaptados a la normativa.

En este sentido, consulta la declaración responsable de TS Facturas Billin para conocer cómo este software de facturación está adaptado a la nueva normativa.

Derechos del usuario sobre la declaración responsable

Como usuario, tienes derecho a exigir al fabricante o comercializador del software que te proporcione esta declaración responsable.

Además:

• Puedes solicitarla en cualquier momento, tanto antes de adquirir el software como después de cada actualización del sistema.
• Es importante verificar que, tras cualquier cambio o mejora del programa, el software sigue cumpliendo con los estándares requeridos por la ley.

Por qué es fundamental elegir un software que cumpla con la Ley Antifraude / Verifactu

Trabajar con un software que no cumpla con la Ley Antifraude (Ley 11/2021 y RD 1007/2023) puede exponerte a sanciones con la Agencia Tributaria. 

Elegir herramientas homologadas que dispongan de la declaración responsable exigida por la normativa te asegura el cumplimiento normativo y también facilita la trazabilidad de tus operaciones de cara a Hacienda.

Antes de invertir en un programa de facturación o contabilidad, asegúrate de que cumple con los requisitos técnicos establecidos en la Ley Antifraude. 

La declaración responsable de cumplimiento es clave para garantizar la validez legal de tus registros y la tranquilidad de que tu empresa cumple con todos los requisitos fiscales.

Verifactu es un sistema voluntario para el envío de facturas verificables por parte de un programa de facturación, como TS Facturas Billin, que cumple con todos los requisitos de la Ley de Antifraude Fiscal, según el Reglamento de Sistemas de Facturación (RD 1007/2023).

Aprende más sobre qué es el sistema Verifactu y qué requisitos debe cumplir.

El proceso de validación se estima que conviva con la nueva factura electrónica obligatoria en todos los comercios, que se tiene que implementar, cuando se publique el reglamento, progresivamente conforme a lo establecido en la Ley Crea y Crece,

En TS Facturas Billin te ayudamos para que puedas hacerlo de forma rápida, fácil y sobre todo 100% acorde a la legalidad.

Con TS Facturas Billin podrás estar tranquilo, ya que no solo cumple todos los requisitos exigidos por la Ley Antifraude, sino también está en constante actualización con la legislación presente y futura, ayudándote así a evitar posibles sanciones.

Preguntas frecuentes sobre la Ley Antifraude

¿Todavía tienes alguna duda sobre la Ley Antifraude? Échale un vistazo a nuestras preguntas frecuentes y encuentra la respuesta que estás buscando. 

¿La Ley Antifraude obliga a usar software para la facturación electrónica?

La Ley Antifraude no impone directamente la obligación de emitir facturas electrónicas, pero sí exige que todos los programas de facturación cumplan con determinados requisitos técnicos y de integridad.

Esto significa que, aunque una empresa siga emitiendo facturas en formato PDF o en papel, el software que las genere debe garantizar la inalterabilidad, trazabilidad, conservación y legibilidad de los registros, conforme al artículo 29.2.j de la Ley General Tributaria y al RD 1007/2023.

Por otro lado, la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022) es la que establece la obligación progresiva de la factura electrónica entre empresas y autónomos, mientras que la Ley Antifraude regula cómo deben comportarse los sistemas que generan las facturas, sean electrónicas o no.

¿La Ley Antifraude afecta a las empresas que operan exclusivamente en línea?

La Ley Antifraude afecta a todas las empresas y autónomos establecidos en España, independientemente de si su actividad se desarrolla en establecimientos físicos o de forma exclusivamente digital.

Cualquier entidad que emita facturas, por ventas, servicios o comercio electrónico, debe utilizar un sistema de facturación que cumpla con los requisitos del Reglamento de Sistemas de Facturación.

Esto incluye también a los negocios 100% online, como tiendas de comercio electrónico, agencias digitales o plataformas de servicios, ya que todos están obligados a emitir facturas verificables y a conservar sus registros en condiciones que impidan su manipulación.

¿Qué herramientas proporciona la Ley Antifraude para la verificación de facturas?

La principal herramienta establecida por la normativa es el sistema Verifactu, previsto en el Real Decreto 1007/2023.

Verifactu permite que los programas de facturación envíen de forma voluntaria y automática los registros de facturación a la Agencia Tributaria, lo que convierte esas facturas en “verificables”.

Además, el sistema genera elementos de control como:

• Un registro encadenado mediante huella (hash) para garantizar la integridad.
• Un código QR y una leyenda específica en cada factura, que permite a clientes y a la AEAT comprobar su autenticidad.
• Un registro de eventos que documenta cualquier operación realizada sobre los datos de facturación.

De este modo, estas herramientas facilitan el control tributario y proporcionan al contribuyente seguridad jurídica y trazabilidad completa sobre sus operaciones.

¿Qué tipo de software está prohibido según la ley antifraude? 

La Ley Antifraude prohíbe expresamente el uso, comercialización o tenencia de:

• Programas o sistemas informáticos que permitan alterar o eliminar operaciones contables o de facturación.
• Aquellos que no cumplan los requisitos técnicos exigidos por la normativa.

Según el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria, se consideran infracciones graves:

• Los sistemas que permitan no reflejar total o parcialmente las transacciones.
• Los que faciliten modificar registros sin dejar rastro o crear facturas paralelas.
• Los que no garanticen la integridad, conservación, accesibilidad o trazabilidad de la información.

Las sanciones pueden alcanzar los 150.000€ por ejercicio para fabricantes o distribuidores, y hasta 50.000€ por ejercicio para los usuarios que utilicen software no conforme.

¿Cuándo se aplica la Ley Antifraude?

La obligación de cumplir con la Ley Antifraude está vigente desde su publicación en 2021.

Sin embargo, el uso obligatorio de software adaptado al nuevo Reglamento de Sistemas de Facturación sigue un calendario progresivo, ampliado en el RD 254/2025: 

• Desde julio de 2025, los fabricantes y comercializadores de software deben adaptar sus productos a los nuevos requisitos.
• 1 de enero de 2026 es cuando las empresas contribuyentes del Impuesto de Sociedades deben tener sus sistemas adaptados. 
• 1 de julio de 2026 es la fecha límite para el resto de empresas y autónomos.